Esta semana Gran Bretaña y sus dos enclaves estratégicos por excelencia, las islas Malvinas y el peñón de Gibraltar, se convierten en los grandes protagonistas de titulares nacionales e internacionales. Junto a ellos, España, Argentina y la falsa diplomacia.
Mientras
la Marina Real Británica y la Guardia Civil Española intercambian
insultos en aguas quién sabe de quién, mientras “juegan” a
hundir la flota, tocando pero sin hundir, como si de una batalla
naval se tratase, mientras los pescadores gaditanos reivindican su
derecho a pescar en esas aguas, en las que siempre han desempeñado
su labor, el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación,
José Manuel García-Margallo, y su homólogo británico, William
Hague, se reunieron de forma amistosa y cordial el pasado mes de
mayo para encontrar una postura consensuada respecto al conflicto.
Ambos
animaron a las partes implicadas a “encontrar un acuerdo
satisfactorio que permita a nuestros barcos faenar donde han faenado
toda la vida”. Una vez más las dobles caras salen a la luz, pues
Londres reclama la propiedad de esas aguas. Propiedad que España,
por su parte, se niega a reconocer, argumentando que no está de tal
modo establecido en Utrecht, tratado que estipula la cesión del
peñón de Gibraltar a los británicos.
Pero
esta vez los intereses políticos y económicos han ido mucho más
lejos, hasta Nueva York, para ser exactos. En la ciudad
estadounidense el Comité de Descolonización de la ONU acaba de
comenzar un nuevo periodo de trabajo. Hoy, nuestros
representantes políticos en asuntos exteriores se proponen
insistir, por enésima vez, frente a dicho comité, en la obligación
por parte del Reino Unido de negociar la soberanía de Gibraltar.
Ayer, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner hacía
lo mismo con las Malvinas. En este contexto cabría pensar que ambos
países se han puesto de acuerdo para defender un conflicto similar
frente a un adversario común. Pero nada más lejos de la realidad.
Ni se han puesto de acuerdo, ni se apoyan mutuamente, en gran
medida, y de esto no cabe duda lo niegue quien lo niegue, por causa
de la confiscación de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales
llevada a cabo por el país latino. Y así, los intereses enterrados
continúan saliendo a flote.
¿Quién
tiene razón? ¿Alguno no la tiene? Es una cuestión de intereses y
todas las posturas, bien argumentadas, tienen razón de ser. El
máximo error de todos los implicados es no ser conscientes de ello,
o no querer serlo. Es la política del “barrer para casa”.
España y Argentina argumentan que se trata de territorio nacional y
que
no pueden dar por válido un referéndum, el de 2002 en el caso de
Gibraltar, y el que habrá en 2013 en Malvinas, porque la población
actual fue traída por los “invasores”. Y razón no les falta.
Gran Bretaña, bajo el disfraz de defensora del derecho de
autodeterminación de los pueblos protege sus intereses comerciales.
Por último, hay que tener muy presente que tanto
Gibraltar como Malvinas son dos de los territorios con el índice de
criminalidad más cercano a cero y el nivel de ingresos por
habitante más alto del mundo. No es de extrañar que, bajo estas
circunstancias, ambos territorios manifiesten sin complejos su deseo
y voluntad de continuar siendo territorios autónomos dependientes
del Reino Unido.
¿Qué
pasará en el futuro y cómo acabará esto? Quizás podamos mirar
atrás y buscar respuestas en el caso de Hong Kong, el más
parecido. Puede que, al igual que sucedió con la última colonia
británica, se acabe llegando a algún extraño acuerdo que devuelva
la soberanía a sus “propietarios”. ¡Eso sí!, con condiciones
hasta el año 3.000. Claro que esto es sólo una suposición. Al fin
y al cabo, el caso chino fue en el siglo pasado y los intereses
británicos iban en otra dirección. Nada
está escrito y nada se sabe, pero probablemente si en 1984 se
hubiese llevado a cabo un referéndum en la antigua colonia
británica de Hong Kong, también sus habitantes habrían
manifestado su deseo de no ser devueltos a China. No olvidemos que
el territorio gozaba de una renta per cápita de 5000 dólares,
frente a la de 300 dólares del resto del gran país asiático.
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